Desplazamiento Forzado, todo en nombre de la tierra *

Para hablar de desplazamiento forzado o forzoso hay que hablar sin duda de la situación actual de tierras como la comprensión de la realidad de los predios hoy en día, en manos de quién están y realmente cuál es el uso que se le dá en estos momentos, teniendo en cuenta que un gran porcentaje de la población es propietaria del terreno de donde fue desplazada.

Pese a que la mayoría de personas desplazadas asentadas en Soacha creen que sus tierras en la actualidad están abandonadas y lo asumen así ya que no han tenido noticias acerca de ellas, algunos jamás volvieron por amenazas o por desinterés producido por la experiencia amarga de ser desplazado, lo cierto es que muchas de esas tierras hoy en día tienen otros fines.

Haciendo un barrido general sobre varias de las entrevistas que se realizaron en el proceso de caracterización de la UAO (Unidad de Atención y Orientación a la población desplazada) a quienes eran propietarios de tierra se pudo detectar, que en el momento de preguntarles sobre sus tierras en la actualidad no tenían conocimiento preciso sobre ello, argumentando que estaban en situación de abandono o algunos de ellos mostraban desinterés, quizá por el vínculo que tiene este elemento con el recuerdo de todo el proceso violento del desplazamiento.

Lo cierto de ello, es que muchas de estas propiedades se han destinado para múltiples fines excepto para el retorno de los campesinos desplazados. El gobierno y los entes de control en muchas ocasiones son culpables de este fenómeno ya sea por omisión o emisión, las garantías son pocas para el retorno y la reubicación se manipula en beneficio de los grandes terratenientes del país.

Otro fenómeno que incide en la situación de las tierras es el paramilitarismo. La causa paramilitar se inició para el combate de las guerrillas de izquierda y frenar la ola de violencia que se vive por el conflicto armado, pero actualmente buscando un interés económico los paramilitares se extendieron por todo el país haciendo “limpieza de tierra” como lo sustenta Amnistía Internacional en su informe realizado en 1997 cuando empezaba a darse este fenómeno: “A causa de este interés común en la «limpieza» de algunas zonas del país, los futuros terratenientes apoyan económicamente a las organizaciones paramilitares que se ocupan de limpiar la tierra en su provecho.”

Es claro afirmar, que desde 1997 hasta hoy el fenómeno paramilitar aunque sigue vigente, ha tenido varios ingredientes puestos sobre la mesa, entre ellos el interés de no sólo de recibir recompensas por limpiar de campesinos el campo, sino que además el interés de participar en macroproyectos impulsados por emporios económicos nacionales e internacionales, tal y como lo vive hoy en día el Chocó a causa de la expansión del cultivo de la palma, donde se pueden determinar dos hechos:

(…) la apelación a ejércitos privados para extender inversiones más allá de la ley, y segundo, que monocultivos industriales como éste constituyen “un método muy efectivo de control del territorio” puesto que desbarata bases logísticas parapetadas en el bosque y pone en marcha estrechos mecanismos de control sociolaboral. [2]

Las tierras campesinas con la dinámica del conflicto se han convertido en mercancía que puede ser usurpada por los más poderosos, como lo referencia Flor Edilma Osorio: “El desplazamiento forzado ha permitido que cerca de cinco millones de hectáreas queden abandonadas. Este desalojo se enmarca en un proceso de concentración de la propiedad”[3].

Geográficamente, es imposible ubicar puntos estratégicos donde se dé el interés de los grupos paramilitares en hacer parte de estos desplazamientos, ya que a lo largo y ancho del país se muestran intereses particulares para monocultivos de grandes multinacionales y terratenientes, así como lo ilustra, citando de nuevo a Osorio:

En monocultivos industriales legales, como la palma africana, que se corresponden con las prioridades de la política agrícola del gobierno actual, y que se extienden más allá de la frontera agrícola, en medio del bosque húmedo tropical, sobre territorios de comunidades indígenas y negras. De esta forma las explotaciones mineras, petroleras, corredores estratégicos en el Pacífico y el Atlántico, desarrollos agroindustriales, particularmente de la palma africana, la coca, la madera, y el coco, visibilizan los intereses que el capital nacional y transnacional tiene en Colombia y al cual la guerra le es funcional.[4]

Más allá de la necesidad de colaborar con negocios macroeconómicos, los paramilitares también tienen en mente sostener su propio capital por medio del narcotráfico. Como lo denunció el diario EL TIEMPO en su ejemplar del 13 de septiembre de 2006, a mediados de 2003 las AUC lograron una importante alianza con los narcotraficantes de la zona norte de Colombia, y aprovechando las tierras abandonadas de los desplazados, se ubicaron con el propósito de no sólo cultivar sobre ella, sino crear laboratorios y procesar la droga, lo que también la convirtieron en un método efectivo para el lavado de activos, obligando a muchos de los campesinos vender sus tierras a bajo o alto precio para justificar sus entradas ante el sistema financiero.[5]

Formalmente no existen cifras exactas ni precisión de cuánta tierra se encuentra bajo esta manipulación narco-paramilitar, ya que las cuentas son imprecisas en las organizaciones que atienden a población desplazada. El instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz sostiene algunas cifras aproximadas:

En consecuencia, no existe información sobre los predios adquiridos u ocupados de manera ilegítima y, por ende, cual es el número de hectáreas que han perdido efectivamente los hogares en situación de desplazamiento. Ibáñez indica que, según información recibida de los titulares de derechos, más del 7% de las tierras abandonadas está en manos de los grupos armados. Por su parte, la Contraloría afirma que en el año 2000, los narcotraficantes detentaban 4.4 millones de hectáreas que podrían tener un valor aproximado de US$2.400 millones. Aclara que la determinación exacta no es posible debido a prácticas como el testaferrato y las deficiencias de los registros oficiales (CGR, 2005).[6]

La relación directa que existe entre el proceso de: desplazamiento violento, abandono de tierras y la concentración en manos de actores armados; está en la coincidencia de estos hechos con las zonas donde se registran más desplazamientos violentos: Antioquia, Chocó, Magdalena, César y Caquetá.[7]

Actualmente los interesados en poseer la tierra del campesino desplazado han creado una nueva estrategia implementada desde hace ya unos cuantos años, consiste en crear falsos desplazados que logren ser beneficiados con el programa de reubicación y reasignación de predios para ponerla al servicio de los grupos armados tal y como lo denunció el periódico EL TIEMPO el 30 de marzo de 2006:

(…) Según lo estableció EL TIEMPO, los supuestos desplazados solían llegar en carro a visitar las parcelas que el Gobierno les había entregado. Otros, figuran en documentos como dueños de negocios e incluso varios tienen vehículos de servicio público. Entre los nombres suministrados figuran Franklin Radama, María Ninfa Daza, José Padilla, Humberto Mejía, Eliza Vargas Moreno, Modesto Reyes y José Domingo Requimba: en total, los investigados recibieron 1.876 hectáreas. La Procuraduría y el DAS confirmaron las denuncias y dieron aviso al Incoder que el pasado martes les notificó los cargos a las 67 familias involucradas.[8]

Para muchas de las organizaciones que trabajan con población desplazada e inclusive para el Gobierno Nacional es de gran importancia que el campesino retorne a su lugar de origen y desde allí vuelva a hacer producir la tierra. Pero sus esfuerzos han quedado cortos ante la pericia de los estafadores y timadores que se hacen pasar por desplazados, como lo denuncia el obispo de Barrancabermeja en una entrevista dada a RCN, que no sólo buscando la reubicación sino el retorno, los paramilitares se hacen pasar por desplazados que quieren retornar a su lugar de origen, buscan la protección y la legitimidad de la tierra para producirla. Este fraude es sólo percibido por los vecinos del “falso desplazado”, que ven cómo el beneficiado por el Gobierno logra conformar un hato en menos de una semana.[9]

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[1] AMNISTIA INTERNACIONAL. ¿Qué debemos hacer para seguir viviendo?. Los desplazados internos de Colombia: Desposeídos y exiliados en su propia tierra. Londres, 1997. p.27

[2] URIBE LOPEZ, Mauricio. “¿Un Campo para la Paz?” en Hechos del Callejón No 1 Marzo 1 de 2005 p. 9

[3] OSORIO, Flor Edilma. Verdad, Justicia y reparación en medio de la Guerra: Desplazados en Colombia. Universidad Javeriana. Bogotá. 2006. p. 3

[4] Ibid, p.3

[5] RESTREPO, Orlando. “¿Cuánta tierra devolverán los paras?”. Periódico El Tiempo. 13 de septiembre de 2006

[6] SALINAS ABDALA, Yamile. Las tierras de la población desplazada en las bases del plan de desarrollo 2007-2010. INDEPAZ. Bogotá. 2007 pág.1

[7] SALINAS ABDALA, Yamile. El derecho a la Restitución de las Víctimas Tierra y Desplazamiento en Colombia. En Revista Punto de Encuentro No 39. 2007. pág. 12

[8] UNIDAD INVESTIGATIVA EL TIEMPO. “Gobierno denunciará a falsos desplazados que recibieron 67 lotes de una finca de presunto 'narco'”. El Tiempo. 30 de Marzo de 2006

[9] RCN. Obispo de Barranca dice que devolución de tierras a desplazados se está convirtiendo en testaferrato. [en línea] de la pagina <http://www.rcn.com.co/noticia.php3?nt=13072>

* Estas caracterizaciones se aplican en las visitas domiciliarias que se realizan a la población que requiere de una prórroga de ayuda humanitaria.

* Este es un capítulo de una investigación realizada por parte de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca en el año 2007 con la población desplazada asentada en Soacha que asisitían a la Unidad de Atención y Orientación de la cual fuí parte del grupo investigador y este capítulo fue redactado e indagado por mí.

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